Con tristeza y preocupación, habitantes del  corregimiento del Yucal, en el  municipio de Calamar pidieron a gritos el pronunciamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- ante la demora en el inicio de los programas de atención integral a la  primera infancia en su territorio, debido a que a la fecha esta institución no ha celebrado contrato con el operador seleccionado por la plataforma de la estrategia Betto, situación en la que los únicos perjudicados son los niños y madres cabeza de hogar y gestantes de esta población. 

En concreto y de manera desesperada, las madres levantaron su voz para pedirle a la Directora del ICBF, Lina María Arbeláez, la formalización de la contratación adjudicada a la Fundación Hijos de Bolívar, para operar 7 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en todo el territorio municipal. De ellos, 3 en la cabecera municipal y 4 en los corregimientos  de Yucal, Barranca Nueva, Barranca Vieja y Hatoviejo.

Sostienen que para ello igualmente se requiere que la Alcaldía de Calamar suscriba una carta de intención al contratista sobre un comodato para permitir la operatividad de los CDI en los predios que sean de propiedad municipal. Lo cual, inexplicablemente, no ha ocurrido por parte del Alcalde de Calamar.

Por lo pronto, al menos 1.200 niños de 742 familias se encuentran ‘en el aire’, hasta que se cumplan los trámites burocráticos, principalmente el relacionado con el convenio que debe suscribir la Alcaldía para darle vía libre a la operatividad.

Las madres de familia expresaron su preocupación al respecto.

Mirta Feria Villar, madre de uno de los beneficiarios del programa, manifestó que “me he sentido afectada por el retraso de los programas del CDI. Primero que todo por la afectación en la alimentación nutricional que reciben los niños, las charlas con los psicosociales y los agentes educativos”.

Por otra parte, Iris Santana, auxiliar de preescolar del corregimiento del Yucal, hizo un llamado a la entidad encargada para que se pronuncie, “porque están violando los derechos de los niños, niñas, madres gestantes y la comunidad en general, también nosotros como trabajadores estamos afectados ya que no tenemos conocimiento del por qué no se han pronunciado hasta la fecha”. 

Yolima Mejia, líder social y madre de una beneficiaria indicó que “el ICBF se encuentra en el proceso de selección de las fundaciones y supuestamente en otros municipios ya realizaron contrato y en el municipio de Calamar no”, por lo que urgió al ICBF “para que se pronuncie lo más ante posible.”

En consenso le piden al ICBF aplicar los criterios de transparencia, celeridad y legalidad en este proceso, teniendo en cuenta que los únicos perjudicados por estos retrasos burocráticos son los 1.200 niños.

Es de anotar que el proceso de selección del operador se hizo a través de la Estrategia Betto, una herramienta tecnológica enmarcada en el Plan de Modernización del ICBF, creada para garantizar la transparencia, objetividad y excelencia en la contratación de los servicios de primera infancia. Bajo estos criterios, el ICBF asegura que “Betto es Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad”, que es, precisamente lo que están reclamando los habitantes que se aplique de manera rigurosa, para evitar que el proceso termine en hechos de corrupción.

“Los derechos de los niños y niñas están por encima de todo, por lo que se le pide al Instituto Colombianos de Bienestar Familiar, en cabeza de su Directora Nacional, tome cartas en el asuntos y garantice agilidad y transparencia en el proceso, teniendo presente que los derechos de los niños están siendo vulnerados”, puntualizaron.